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De cómo Aporrea.org Mantiene Preso al Sindicalista Rubén González

Por: Rafael Uzcátegui

Esta discusión es importante porque revela las condiciones en que el derecho a la libertad de expresión e información se desarrolla en nuestro país.

Dentro de la construcción de una hegemonía comunicacional, el Ejecutivo Nacional ha venido combinando la estrategia de copar y neutralizar los medios masivos de comunicación con la promoción de otros modos de información. Uno de sus privilegiados ha sido el financiamiento de medios alternativos y comunitarios, de forma intensiva desde el año 2004.

Desde sus inicios en el año 1988, Provea ha motivado a las comunidades a la creación de sus propios modos y medios de difusión como parte de un proceso de cohesión popular que arroje un saldo organizativo, así como parte de la estrategia de exigibilidad de derechos. Sin embargo, bajo pocas y notables excepciones, los medios denominados “alternativos” y “comunitarios” han venido apartándose de su rol de portavoces de las comunidades, gestionados democráticamente, para convertirse en apéndices de la política comunicacional del Estado.

Lo preocupante de esta situación no es su sintonía con las políticas del gobierno, lo cual es legítimo y forma parte de los derechos consagrados en la Carta Magna, sino el hecho que esta adhesión incondicional comienza a legitimar e invisibilizar violaciones a los derechos humanos.

Como ejemplo se encuentra la cobertura informativa dada por el portal Aporrea.org a la situación del dirigente sindical de Ferrominera Rubén González, privado de su libertad desde finales del mes de agosto del año 2009.

Aporrea.org, junto al sitio web “Antiescualidos.com”, fueron las dos principales páginas web estimuladas por el gobierno nacional, de manera directa e indirecta, tras los sucesos de abril de 2002 como manera de equilibrar lo que denominaban el sesgo comunicacional de los medios privados.

Aporrea.org, autodenominada como “cartelera del movimiento popular”, logró convertirse en un sitio de referencia debido a la constante renovación de sus noticias y textos de opinión, muchos de ellos remitidos por una red de colaboradores presentes en todo el país. Sin embargo paulatinamente, como ha sido denunciado por diferentes iniciativas que colaboraron en su administración, los gestores del portal comenzaron a privilegiar unas informaciones sobre otras, e incluso, a no publicar algunas.

Como recordaremos en agosto del 2009 los trabajadores de Ferrominera, en Ciudad Piar, decidieron realizar una paralización de actividades para exigir el cumplimiento de diferentes reclamos de trabajadores. Sobre esta huelga informa Aporrea.org el 19 de agosto, publicando una nota de la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) (http://www.aporrea.org/trabajadores/n140848.html) y otra de Venezolana de Televisión (http://www.aporrea.org/endogeno/n140840.html).

La primera afirmaba que “entre 20 y 50 personas, intentó este miércoles paralizar de manera violenta las actividades diarias de la compañía, agrediendo con piedras y palos a los trabajadores (…).”, finalizando que “los trabajadores de Ferrominera seguirán en pie de lucha, defendiendo el Plan Guayana Socialista”. El segundo reporte titulaba con “Pese a sabotaje Ferrominera continúa operativa” calificando como un “dirigente sindical de oposición” al gremialista Rubén González -a pesar de ser un concejal electo por el PSUV.

A diferencia de otras situaciones reportadas por Aporrea.org, estas notas difundían, sin ningún tipo de contraste o información adicional, la versión oficial sobre la huelga en Ferrominera. El 25 de septiembre, reproduciendo de nuevo una nota de ABN, informan sobre la detención de González por la “disturbios violentos dentro de la planta”, así como por el “cierre de las vías que comunican a Ciudad Piar con Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar y otros hechos que alteraron la paz pública en esta población” (http://www.aporrea.org/ddhh/n142846.html).

Aporrea.org no informó ninguna de las muestras de rechazo a la medida por parte de dirigentes sindicales del estado Bolívar, ha invisibilizado las diferentes manifestaciones de trabajadores –tanto en Bolívar como en el resto del país- solicitando su libertad, tampoco acerca de las irregularidades y vulneraciones del derecho al debido proceso y la libertad, así como ha evitado hacer público las diferentes dilaciones de las audiencias en tribunales, en un cuadro de vulneraciones que escandalizaría hasta a un estudiante del primer semestre de Derecho.

Si se compara en su motor de búsquedas el énfasis entre esta y otras situaciones, obtenemos resultados reveladores. Si se coloca “Rubén González Ferrominera” se encuentran 24 entradas, de las cuales apenas 3 hacen una referencia a la situación del sindicalista. Si se coloca otro término calificado de estratégico por las políticas gubernamentales las diferencias son abrumadoras. Por ejemplo, “guerrilla comunicacional” tiene 9.270 textos dentro del portal. La conclusión es obvia: la matriz informativa y de opinión que permite que un dirigente sindical haya cumplido más de 5 meses encarcelado ha sido promovida, entre otros medios, por Aporrea.org.

Esta discusión es importante porque revela las condiciones en que el derecho a la libertad de expresión e información se desarrolla en nuestro país. Provea continuará apostando por la creación de medios de comunicación a través de los cuales las comunidades populares y los movimientos sociales puedan sensibilizar a la sociedad acerca de sus exigencias, así como presionar a los poderes públicos para garantizar la satisfacción de sus derechos. Para ello los medios de comunicación, que se adjetiven como alternativos y comunitarios, deben realizar su labor de manera independiente y reflejando, fielmente, tanto la diversidad como las exigencias de sus comunidades. Lo contrario es repetir lo que tanto se critica a los medios de comunicación tradicionales.
Fecha: 21/12/2010
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